Resumen: Apropiación indebida. Recurso de casación tras la reforma operada por Ley 41/2015. Jurisprudencia sobre su ámbito. Presunción de inocencia. El recurrente cuestiona la valoración probatoria realizada por el Tribunal de instancia, confirmada por el TSJ al considerar que se dispuso de prueba de cargo practicada con respeto a los principios legales que la regulan, descartando la versión exculpatoria del acusado. Error en la apreciación de la prueba art. 849.2. Documentos literosuficientes. Falta de imparcialidad de tres testigos. La Sala de instancia valoró convenientemente su credibilidad. El valor de la defraudación se tuvo en cuenta para la aplicación del tipo agravado, pero sin aplicar lo dispuesto en el art. 74.1 CP (mitad superior para el delito continuado). No hubo infracción del principio non bis in idem. La condena puede recorrer todo el arco punitivo del art. 250 valorando, entre otros, la cantidad apropiada. Determinación de la cuota diaria de la multa. Doctrina de la Sala. Responsabilidad civil. Que el acusado declarase a Hacienda todo el dinero percibido no influye en el perjuicio causado a la empresa. Cantidades netas y no brutas.
Resumen: El art. 379.2 CP objetiviza la condena con las tasas que fija el precepto y sin mayores exigencias probatorias. El derecho del reo a no hacer valer más de dos decimales como traslación del in dubio pro reo, debe admitirse en caso de duda, y sobre todo cuando el texto penal cifra dos decimales. En los casos de cifras derivadas del margen de error que arrojen tres decimales debe acudirse al redondeo para situarlo hacia arriba o hacia abajo, según la aproximación del tercer decimal que nos lleve a subir a 0,05 o a situarlo en 0,04 para, de ahí, aplicarlo a la tasa de 0,65 que en este caso resultó, que es, con las aplicaciones de los márgenes de error, donde surge la duda en los casos en que, como en el supuesto presente se ha planteado, fijándose, en consecuencia, criterio en favor del reo. Todo ello, claro está, salvo que se aprecien signos externos determinantes de la alcoholemia,
Resumen: En el art. 379.2 inciso segundo del CP se hace referencia a que la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 mg/l o una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro. Es decir, es delito en el momento en que la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 mg/l. Si es inferior, será delito si se aprecian signos externos determinantes de la alcoholemia. Respecto a los test de alcoholemia y la aplicación de los márgenes de error hay que entender que el derecho del reo a no hacer valer más de dos decimales, como traslación del "in dubio pro reo", debe admitirse en caso de duda, y, sobre todo, cuando el texto penal cifra dos decimales y que en los casos de cifras derivadas del margen de error que arrojen tres decimales debe acudirse al redondeo para situarlo hacia arriba o hacia abajo según la aproximación del tercer decimal que nos lleve a subir a 0,05 o a situarlo en 0,04 para, de ahí, aplicarlo a la tasa de de alcoholemia. Por ello, el redondeo hay que hacerlo desde el tercer decimal que de el resultante de aplicar el margen de error, para, de ahí, situarnos en la cifra numérica al segundo decimal, o si el tercer decimal con el cuarto no está en la mitad superior acudir a la cifra inmediatamente inferior del segundo decimal.
Resumen: El vicio procesal de incongruencia omisiva se deriva de que ni explícita ni implícitamente se haya dado respuesta a una cuestión jurídica oportuna y temporalmente alegada por alguna de las partes del proceso, y de la lectura de los distintos razonamientos de la sentencia recurrida al dar respuesta a otros motivos planteados. La actuación de Jueces y Presidentes de Tribunales que, si bien están obligados a adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso,su neutralidad no debe confundirse con pasividad, por lo que el juzgador puede, y debe, desempeñar funciones de ordenación del proceso, dirigiendo los debates evitando discusiones impertinentes que no conduzcan al esclarecimiento de los aspectos que tienen relevancia para la decisión judicial con la que debe concluir el proceso. Se debe concluir en que medida se perjudicó el derecho de defensa ante el plenario por el hecho de que el acusado no se sentara al lado de su abogado. No procede la nulidad puesto que no se vulnera derecho alguno.
Resumen: Condena al secretario de un Ayuntamiento, como cooperador necesario en un delito de prevaricación, porque ante un proceso de selección de un Ayuntamiento para cubrir unas plazas administrativas, el juzgado de lo contencioso administrativo anuló todo el proceso por irregularidades, para que se volviera a iniciar todo ya que una de las aspirantes era hermana del alcalde que estaba en el tribunal. Pero, lejos de ello, el secretario del ayuntamiento condenado, para favorecer lo que se pretendía, en lugar de volver a iniciar todo el proceso de la convocatoria, dio validez a lo que se había actuado y lo que hizo fue subsanar y convalidar lo mal hecho, procediéndose al nombramiento de las dos aspirantes como funcionarias, lo que constituyó una actuación del condenado a sabiendas de su ilegalidad porque fue el que redactó todas las resoluciones administrativas para validar todo el proceso declarado nulo. Se describen todos los elementos subjetivos y objetivos del delito objeto de condena. No puede desprenderse de los hechos que los actos eran convalidables y subsanables. Doctrina sobre la participación en el delito de prevaricación del art. 404 CP.
Resumen: Delito de asesinato en grado de tentativa. Estado pasional: requisitos. Reparación del daño: cuantía simbólica. Viabilidad jurídica de la privación de la patria potestad del menor exclusivamente en su vertiente de prohibir cualquier comunicación directa o indirecta y derecho de visitas de la acusada, respecto de su hijo durante el tiempo que ésta permanezca ingresada en prisión, es decir, mientras la acusada se encuentre en Centro Penitenciario. El art. 55 del Código Penal lo permite siempre que tenga relación directa con el delito cometido. Es la protección del bien superior del menor, la finalidad que debe prevalecer para determinar la aplicación de esta inhabilitación especial. El art. 94 del Código Civil, destaca, en su párrafo cuarto, que no procederá el establecimiento de un régimen de visita o estancia, y si existiera se suspenderá, respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o sus hijos.
Resumen: La sentencia confirma la naturaleza mercantil de un contrato de compraventa de un vehículo de motor. La jurisprudencia vigente en el momento del dictado de ambas sentencias -la de instancia y la de apelación- encajaba habitualmente contratos como los analizados -compra de vehículos por quien hace de intermediario- en la categoría de documento mercantil. La novedosa línea jurisprudencial que arranca de la STS (Pleno) 232/2022, de 14 de marzo, avala asimismo esta conclusión. El contrato de compraventa de un vehículo de motor tiene una trascendencia probatoria en el tráfico jurídico muy notable en tanto tal documento y los que han de complementarlo por virtud de las disposiciones de carácter administrativo que contiene el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998, de 23 de diciembre) han de quedar reflejados en un Registro de carácter público (arts. 32 y Anexo XIV) con repercusiones que desbordan las ligadas a un mero documento mercantil, aunque sea privado. Item más, el carácter oficial del Registro abre otras vías de incardinación en el art. 392 CP, aplicado, por tanto, correctamente (incluso si negásemos la naturaleza mercantil del contrato). A mayor abundamiento, el procedimiento se inició antes de la entrada en vigor de la reforma procesal de 2015 (6 de diciembre de 2015), por lo que tampoco cabía recurso de casación contra la sentencia.
Resumen: Los elementos configuradores del delito de administración desleal son, en primer lugar, que el sujeto activo tenga facultades de administración sobre un patrimonio ajeno, en segundo lugar, que se exceda en el ejercicio de esas facultades y, en tercer lugar, que cause un perjuicio en el patrimonio administrado.
Resumen: Recurso de Revisión. Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes, es unánime el criterio que concluye la anulación de la sentencia dictada en segundo lugar, y que deberá prevalecer la primera que se hubiere pronunciado
Resumen: El análisis y valoración de la prueba de cargo practicada en el seno del expediente disciplinario permite entender a la sala que la misma carece de la certeza necesaria para poder considerar acreditada la participación del guardia civil recurrente en los hechos por los que fue sancionado y resulta, por tanto, insuficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia que le ampara. No es que la sala otorgue en el caso mayor credibilidad a la versión del encartado que a la de la víctima de la infracción denunciada -como teme y denuncia la Abogacía del Estado- ni que se niegue valor probatorio a la denuncia una vez ratificada ante el instructor del expediente disciplinario, sino que, llanamente, la sala constata, a través del análisis y valoración del conjunto de la prueba practicada, la insuficiencia de prueba de cargo para considerar acreditada la intervención del guardia civil recurrente en los hechos denunciados, pues no se practicó en el seno del expediente disciplinario ninguna prueba tendente a su identificación o reconocimiento -al ser varios los guardias civiles destinados en la plaza cuyo nombre o apellido es coincidente con el del recurrente-, razón por la que procede estimar el recurso contencioso-disciplinario.
